Un proyecto de ley propuesto en el Senado de Kentucky en enero requeriría a agencias de aplicación de la  ley del estado y de locales trabajar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. 

El Proyecto de Ley del Senado de Kentucky 86, patrocinado por el senador Phillip Wheeler, R-Pikeville, integraría a las agencias de aplicación de la ley de Kentucky en el Programa de Sección 287(g) de ICE, derivado  del Acto de Inmigración y Nacionalidad. 

La sección 287(g), creada en 1996, autoriza a agencias de aplicación de la ley locales a actuar como oficiales de inmigración bajo la supervisión de ICE. En el primer día del segundo mandato del presidente Donald Trump, él firmó el Decreto Ejecutivo 14159, “Protegiendo a la gente americana en contra de la invasión”, que fomenta a ICE a promover el programa a varias agencias de aplicación de la ley. 

ICE ha firmado 1,381 acuerdos con agencias de aplicación de la ley, 31 de estos siendo de Kentucky desde el 4 de febrero. Hasta ahora, las agencias de aplicación de la ley del condado de Warren no han estado de acuerdo en participar en el programa 287(g). 

Wheeler dijo que es muy temprano en el proceso legislativo para dar un comentario sobre el Proyecto de Ley del Senado 86.

El jefe del Departamento de Policía de WKU, Mitch Walker, no cree que la ley potencial cambie significativamente las operaciones cotidianas del departamento porque el departamento falta dotación de personal para el esfuerzo de inmigración. 

Walker dijo que WKUPD y el Departamento de Seguridad Nacional tienen una relación corriente, principalmente para identificar a sospechosos en casos de explotación infantil o amenazas terroristas en contra de campus universitarios. 

El alguacil del condado de Warren, Brett Hightower, está preocupado de que la legislación menoscabe la misión de la Oficina del Alguacil. 

“Nosotros no tenemos tiempo para necesariamente dedicarnos a salir y golpear en las puertas y revisar su estatus migratorio”, Hightower dijo. “Tenemos muchas otras cosas que toman mayor prioridad en esta oficina”.

Oficial de Información Pública para BGPD Ronnie Ward rechazó comentar en el Proyecto de Ley del Senado 86. 

Además de las obligaciones existentes de las agencias de aplicación de ley, el proyecto de ley mandaría que agencias de aplicación de ley participen en tres modelos debajo de la Sección 287(g): el Modelo de Aplicación de Ley en las Cárceles, el Modelo de Servicio de Garantía y el Modelo de Equipo Operativo. 

En cada modelo, agencias de aplicación de la ley nominaron oficiales específicos para recibir entrenamiento fundado, organizado y supervisado por ICE. Ciertos modelos permiten agencias para hacer las siguientes funciones: 

Modelo de aplicación de ley en las cárceles

• Identificar y procesar “extranjeros expulsables” en cárceles o centros de detención que tienen cargos criminales pendientes/activos
• Emitir órdenes de detención por motivos migratorios

Una orden de detención por motivos migratorios es una solicitud que pide que agencias de aplicación de la ley, así como centros de detención, notifiquen a ICE antes de liberar a un “extranjero expulsable”. La agencia o centro de detención mantendrá a ellos hasta 48 horas después de su liberación inicial, así que DHS pueda asumir custodia. 

Modelo de servicio de garantía

• Servir y ejecutar órdenes administrativas

A diferencia de las órdenes judiciales, las órdenes administrativas no requieren la prueba de un juez o magistrado y no les dan a las agencias de aplicación de la ley el derecho a entrar en propiedad privada. Una orden administrativa es un documento justificativo de detención firmado por un agente, de acuerdo con el despacho de abogados de inmigraciones Motion Law.

Modelo de Equipo Operativo

• Da “autoridad de inmigraciones limitada” bajo supervisión de ICE
• Detener a “extranjeros” que ellos creen que están entrando o tratando de entrar los Estados Unidos sin una orden judicial 
• Detener a “extranjeros” por un delito sin una orden judicial

El Herald contactó al correo electrónico de media de ICE y al Oficial de Asuntos Públicos de ICE, Christopher Meares, para clarificación sobre los modelos y su implementación, pero no recibió comentario por el tiempo de publicación. 

Price Wilborn, asesor de comunicación para la Oficina de la Secretaría para el Gabinete de Justicia y Seguridad Pública para Kentucky, dijo que la decisión para entrar en acuerdos debería ser dejada al Ramo Ejecutivo y al Comisionado, así que los recursos de la Policía del Estado de Kentucky están asignados de acuerdo a sus capacidades y las necesidades de la Mancomunidad. 

“Divertirlos de sus funciones corrientes para someterse a dicho entrenamiento agotará recursos-significado que haría menos policía estatal asignada para hacer el trabajo importante que mantiene a residentes de Kentucky seguros, como persiguiendo criminales violentos, depredadores de niños y sacando drogas de nuestras comunidades”, dijo Wilborn. 

Wilborn es un antiguo editor en jefe del Herald. 

Adicionalmente, el proyecto requeriría que agencias de aplicación de la ley “identifiquen, procesen y retengan a no ciudadanos en cárceles locales”. Treinta y tres de las 116 instalaciones de cárceles de Kentucky ya están sobrecargadas, de acuerdo al reporte semanal del 22 de enero del Departamento de Correcciones de Kentucky. 

Instalaciones de Kentucky que ya retienen a detenidos de ICE, de acuerdo al sitio web de ICE, incluyen: 

• Cárcel del condado de Boone
• Centro de Detención del condado de Campbell
• Cárcel del condado de Christian 
• Centro de Detención del condado de Daviess
• Centro de Detención del condado de Grayson
• Cárcel del condado de Hopkins
• Centro de Detención del condado de Kenton
• Centro de Detención del condado de Oldham

A partir del 4 de febrero, el Centro de Detención del condado de Bullitt, el Centro de Detención del condado de Grayson y el Centro de Detención del condado de Oldham participan en el Programa 287(g) a través del Modelo de Aplicación de Ley en las Cárceles.

El carcelero del condado de Warren, Stephen Harmon, rechazó comentar sobre el Proyecto de Ley del Senado 86 o sus impactos potenciales en la sobrecarga. La Cárcel Regional del condado de Warren estaba sobrecargada por 87 presos desde el 22 de enero. 

De acuerdo con el proyecto de ley, “El impacto fiscal del Proyecto de Ley 86 es indeterminable, pero previsto a ser negativo”. Pero Hightower dice que, como una oficina de una comunidad creciente como Bowling Green, la ciudad probablemente necesitará más financiamiento para acomodar obligaciones adicionales. 

El 2 de septiembre de 2025, DHS anunció oportunidades de reembolso por salarios enteros y beneficios para oficiales entretenidos, cobertura de horas extras parcial, y “trimestrales premios monetarios por rendimiento” para agencias participando en el Modelo de Equipo Operativo. La financiación para estos reembolsos viene de la Ley Pública 119-21, también conocida como el “Proyecto de Ley Grande y Bonita”. 

Sin embargo, los acuerdos dicen que agencias de aplicación de la ley participando serán responsables por todos los gastos adicionales, incluyendo salarios, coberturas de horas extras para entrenamiento, transportación local y suministros administrativos. 

“Hay dinero, hay mano de obra, hay recursos, hay otros vehículos, hay equipo, hay radios, hay muchos gastos que a veces se mete en cosas asi”, Hightower dijo. 

Hightower también se preocupa de que el proyecto de ley podría desanimar a miembros de la comunidad de reportar crímenes. 

“Yo creo que nosotros tenemos que mantener una buena, cercana comunicación con nuestra comunidad”, Hightower dijo. “Si la gente se siente con miedo, si están aquí legalmente o no legalmente, nosotros no queremos que alguien aquí no reporte un crimen cuando un crimen ocurre, si ellos tienen miedo de reportar esto a la aplicación de ley local”. 

Walker dice que él piensa que la fuerza de la comunidad de WKU y Bowling Green prevendría algún problema que vendría del proyecto de ley. 

“En este país, en los últimos 10 años, hemos pasado mucho, y nosotros no hemos visto (problemas) acá, y yo diría que (este proyecto de ley) sería más o menos lo mismo”, Walker dijo. “Nosotros nos entendemos, tenemos una buena relación y yo pienso que eso es clave”.

Aunque él duda de que la ley realmente afectará al campus, Walker entiende la ansiedad alrededor de la aplicación de inmigración. En respuesta, él está planeando un entrenamiento entre estudiantes, facultad, personal y agentes de DHS. En el entrenamiento, él espera discutir lo que están buscando los agentes de ICE y cómo responder si vienen al campus. 

Walker dice que habrá más información sobre el entrenamiento en las próximas semanas. 

Si ICE viene al campus, que Walker cree que sería “muy raro”, le sugiero que los estudiantes cooperen y llamen a WKPD para ayudar con la situación. 

Wyatt Southerland, el enlace con los medios para Defensa Comunitaria de Bowling Green, dice que la organización activista anticipa una relación más antagonista con agencias de aplicación de la ley, como el Departamento de Policía de Bowling Green, si el proyecto de ley pasara.

“Nosotros también sabemos que el Departamento de Policía de Bowling Green hasta ahora no ha sido muy amistoso en trabajar con ICE, y ellos han sido muy, muy amistosos con nuestros esfuerzos de protesta”, Sutherland dijo. “Hasta ahora, ellos lo han hecho muy fácil para nosotros, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar”.